La Agencia Tributaria enfrenta una nueva convulsión interna tras hacerse público el reemplazo de dos de sus figuras directivas más destacadas: Virginia Muñoz Fernández, al frente del Departamento de Recaudación, y Manuel Trillo Álvarez, responsable del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria. Estos cambios tienen lugar en un momento especialmente delicado para la institución, condicionado por la salida de Soledad Fernández Doctor de la dirección general y por el creciente clima político en torno al llamado caso Zapatero.
Los recientes movimientos en la cúpula de la AEAT se producen después de que el juez del caso Plus Ultra brindara a Hacienda la opción de intervenir como posible afectada por las joyas incautadas en el despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, tasadas en 1,3 millones de euros, una decisión que ha incrementado la presión sobre el organismo tributario al poder implicar efectos significativos en la evolución judicial del caso.
Aunque Hacienda sostiene que los relevos obedecen a razones estrictamente profesionales y a movimientos organizados con antelación, la simultaneidad de los cambios ha avivado fuertes suspicacias tanto en la oposición como entre la ciudadanía. Que las salidas se produzcan justamente en dos áreas neurálgicas —Recaudación e Inspección— ha reforzado la percepción de que la Agencia Tributaria podría estar atravesando una crisis interna de mayor profundidad.
En este contexto, el relevo de Muñoz y Trillo se suma a la incertidumbre sobre la posición que adoptará finalmente Hacienda en el procedimiento relacionado con Zapatero. La cuestión central sigue siendo si la Agencia Tributaria se personará o no como perjudicada, una decisión que ha convertido estos movimientos internos en un asunto de alto impacto político e institucional.
La sospecha de motivación política aparece por la coincidencia temporal de diversos elementos; en primer lugar, la marcha de Fernández se hace pública justo después de que el juez del caso Plus Ultra planteara a Hacienda la posibilidad de personarse como parte perjudicada por las joyas incautadas en el despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, tasadas en 1,3 millones de euros, según reveló The Objective.
Segundo, el Partido Popular había ampliado el plan de trabajo de la comisión de investigación del Senado sobre la SEPI y había citado a Soledad Fernández para comparecer el 13 de julio y explicar la posición del fisco. El PP sostiene que la marcha busca evitar o condicionar esa comparecencia, aunque también ha avisado de que debería acudir aunque deje el cargo.
Tercero, la salida no solo alcanzaría a la directora general, sino que también repercutiría en dos áreas esenciales: Recaudación e Inspección, unidades estrechamente vinculadas con la capacidad de la Agencia para gestionar cobros, indagar posibles fraudes y intervenir o participar en procedimientos con repercusión fiscal. Esta simultaneidad refuerza la percepción de una “renuncia masiva” o de una crisis en la dirección.