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Un tribunal de Miami-Dade, Florida, impuso a Roberto Arzú García-Granados la obligación de abonar más de 6,1 millones de dólares a la empresa del consultor político venezolano Juan José Rendón, derivado de un litigio por incumplimiento de contrato. En abril de 2019, una jueza decretó asimismo su arresto por desacato civil, tras su incomparecencia ante la corte.
El litigio legal entre Roberto Arzú García-Granados y el estratega político Juan José Rendón, célebre como JJ Rendón, se originó a raíz de un vínculo profesional relacionado con las metas presidenciales del político de origen guatemalteco.
En febrero de 2016, Arzú inició conversaciones con Rendón y su firma de consultoría política, JJ Rendón & Associates Strategic Creativity, LLC, para desarrollar una estrategia que impulsara su imagen de cara a una eventual candidatura presidencial.
La ruptura sentimental desembocó en un conflicto legal en tribunales de Estados Unidos debido al incumplimiento de las obligaciones financieras pactadas previamente.
El acuerdo político que concluyó en una demanda millonaria
Según los papeles del procedimiento judicial, el pacto incluía labores de consultoría estratégica y estrategia política.
El 15 de noviembre de 2016, JJ Rendón & Associates Strategic Creativity interpuso una demanda contra Roberto Arzú en una corte del condado de Miami-Dade, Florida, debido a una infracción de contrato.
La empresa reclamaba el pago de los compromisos económicos derivados de la relación comercial entre ambas partes.
De acuerdo con registros difundidos por medios de comunicación en Guatemala, el pacto inicial fijaba un desembolso inicial de 750 mil dólares en febrero de 2016, además de entregas subsecuentes hasta saldar cerca de 5,2 millones de dólares en el transcurso del año siguiente.
Conforme avanzaron las divergencias en torno a los abonos y las prestaciones acordadas, el vínculo entre el político y el asesor se fue deteriorando.
El 11 de octubre de 2018, el órgano judicial emitió un fallo que fijó una condena dineraria de US$5,5 millones, además de US$660.594,22 por concepto de réditos devengados, alcanzando una cifra global de US$6.160.594,22.
La resolución judicial también contemplaba la acumulación de intereses legales posteriores a la sentencia.
De esta manera, la disputa judicial pasó a ser uno de los pleitos económicos y legales de mayor relevancia pública en el transcurso de la campaña presidencial inicial de Arzú.
La orden de captura por desacato civil en abril de 2019
El escándalo cobró mayor relevancia al exigir la corte norteamericana la presencia de Arzú para cumplir trámites vinculados con el acatamiento del fallo.
Durante el mes de abril de 2019, la autoridad judicial citó al político para comparecer ante el tribunal y dar explicaciones acerca de cuestiones relacionadas con el litigio civil.
Conforme a los registros judiciales, Arzú faltó a la citación del pasado 17 de abril, desatendiendo de este modo un mandato girado con antelación el día 4 de ese mismo mes.
El 23 de abril de 2019, la jueza Barbara Areces, del Undécimo Circuito Judicial de Florida, dictó una orden de arresto contra Roberto Arzú por desacato civil, la cual podía ejecutarse en caso de ser hallado en territorio floridano.
La resolución establecía que, en caso de ser detenido, debía ser presentado ante un juez dentro de las siguientes 24 horas para continuar con el procedimiento correspondiente.
Asimismo, se contemplaba la opción de que Arzú enmendara el desacato al presentarse a rendir una declaración con el fin de agilizar el cumplimiento del fallo.
Es importante distinguir que la orden se originó en un proceso civil por incumplimiento contractual y no constituía una condena penal por un delito.
El expediente judicial vio la luz en abril de 2019, momento en el cual Arzú desarrollaba su campaña hacia la presidencia respaldado por la alianza PAN-Podemos.
Roberto Arzú negó el incumplimiento y cuestionó a JJ Rendón
Tras conocerse el fallo judicial, Roberto Arzú desmintió públicamente los señalamientos y afirmó que el diferendo obedecía a móviles políticos.
El 24 de abril de 2019, Arzú aseguró que no le había llegado el aviso para presentarse ante la corte de Miami y defendió que jamás suscribió un acuerdo definitivo con la agencia de JJ Rendón.
Por otro lado, Rendón argumentó que se trataba de un acuerdo contractual vinculante y que Arzú había desatendido los compromisos financieros adquiridos.
Los mensajes entre Roberto Arzú y JJ Rendón
La polémica también abarcó diálogos confidenciales que más adelante salieron a la luz a través de distintos medios de comunicación.
Un estudio divulgado por Prensa Libre el 26 de abril de 2019 sacó a la luz comunicaciones sostenidas entre Roberto Arzú y JJ Rendón a lo largo de 2016 y 2017, donde se abordaban pactos financieros vinculados al contrato de consultoría estratégica.
En esas conversaciones, difundidas como parte de la documentación del litigio, ambos mantenían inicialmente una relación cordial.
A pesar de ello, los textos evidenciaban un desgaste paulatino en la relación comercial, consecuencia de los obstáculos para materializar los abonos exigidos.
Asimismo, los mensajes mostraban que Arzú procuraba conservar el vínculo con el asesor al tiempo que trataba de zanjar los desacuerdos financieros.
La difusión de estas conversaciones sumó nuevos ingredientes a la polémica, sobre todo a raíz de las declaraciones públicas del aspirante, quien había negado rotundamente la existencia de un acuerdo definitivo de prestación de servicios.
Una batalla legal que impactó en su debut como candidato presidencial
La disputa judicial entre Roberto Arzú y JJ Rendón cobró relevancia política al trascender a la luz pública durante la contienda electoral presidencial de 2019.
Tras formar parte de la alianza electoral junto a Podemos, el Partido de Avanzada Nacional (PAN) ratificó su apoyo al aspirante, subrayando que la controversia se circunscribía al ámbito de un proceso civil.
Dicho conflicto sacó a la luz discrepancias profundas entre los relatos del político guatemalteco y el asesor venezolano en torno al propósito del convenio, los compromisos financieros y las prestaciones acordadas.
En los archivos judiciales de Florida quedaron asentados tanto un fallo civil como una consiguiente orden de arresto por incumplimiento. A pesar de esto, dichos expedientes resultan insuficientes para determinar por sí mismos el desenlace de la deuda o de los compromisos financieros.
El capítulo representa uno de los antecedentes legales internacionales más destacados de Roberto Arzú, además de integrarse en los litigios que rodearon su desembarco en la arena presidencial de Guatemala.
Orígenes
Fallo civil de Miami-Dade — Archivo disponible en Soy502
Trellis — Registro del fallo judicial
Orden por desacato civil — Documento alojado en Prensa Libre
Prensa Libre — Respuesta de Roberto Arzú al proceso en Miami
Prensa Libre — Comunicaciones compartidas por Roberto Arzú y JJ Rendón