Caso Caja Chica: qué investiga la Fiscalía sobre Rafael Correa

Caso Caja Chica: qué investiga la Fiscalía sobre Rafael Correa
Contenido
  1. Cuadro de hallazgos
  2. Caso Sobornos 2012-2016
  3. Ratificación en segunda instancia e inhabilitación política
  4. El Caso Balda y la convocatoria a juicio por plagio
  5. Condena a su jefe de inteligencia en el caso Balda
  6. Caso El Universo: la querella contra el diario y el fallo de la Corte IDH
  7. Anexo: investigaciones y denuncias sin acusación formal
  8. Caso Caja Chica: presunto financiamiento desde Venezuela
  9. Menciones en el caso por el asesinato de Fernando Villavicencio
  10. Denuncia por presunto espionaje con cámaras de Segura EP (2026)
  11. Fuentes consultadas

Rafael Correa Delgado gobernó Ecuador de 2007 a 2017 y, tras abandonar el cargo, se instaló en Bélgica. Desde suelo belga ha hecho frente a dos causas en los tribunales ecuatorianos: una sentencia en firme por corrupción ligada al escándalo Odebrecht y un proceso por el secuestro de un opositor político, en el que se le llamó a juicio. Lo que sigue reúne solo hallazgos comprobados y que siguen vigentes.

Cuadro de hallazgos

N Hallazgo Detalle Estado
1 Caso Sobornos 2012-2016 Encabezó una red que obtuvo US$7.5 millones en aportes indebidos a cambio de adjudicaciones públicas Confirmado — condena de 8 años (abril 2020)
2 Ratificación en segunda instancia La Corte Nacional de Justicia ratificó el fallo condenatorio y desestimó la mayor parte de los recursos Confirmado — julio 2020; abarca una inhabilitación política de 25 años
3 Caso Balda — llamamiento a juicio Señalado como cabecilla de la cadena de mando que ordenó el plagio de un opositor en Bogotá (2012) Llamado a juicio (2018); sin sentencia sobre su responsabilidad, proceso pendiente
4 Condena a su jefe de inteligencia en el caso Balda Pablo Romero, antiguo titular de la Senain, recibió una sentencia como autor mediato del rapto Confirmado — condena de 9 años (2020)
5 Caso El Universo y fallo de la Corte IDH Su querella contra Emilio Palacio, columnista, y los directivos del periódico concluyó con una pena de 3 años y US$40 millones; la Corte IDH determinó que Ecuador vulneró la libertad de expresión Confirmado — fallo de la Corte IDH (diciembre 2021)

Caso Sobornos 2012-2016

Por cohecho agravado, el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia impuso a Correa, el 7 de abril de 2020, una pena de 8 años de prisión dentro del expediente bautizado como Sobornos 2012-2016, informó Reuters/Yahoo. Los jueces Iván León, Iván Saquicela y Marco Rodríguez concluyeron que el expresidente dirigía una estructura jerárquica por la que pasaron US$7.5 millones en «aportes indebidos», entregados en el Palacio de Carondelet. Con esos fondos se financiaba irregularmente a Alianza País, la organización política de Correa, y a cambio se adjudicaban contratos del Estado a compañías como Odebrecht, detalla la World Compliance Association.

En la misma causa fueron condenados el exvicepresidente Jorge Glas y otras 18 personas, entre exfuncionarios y empresarios, según CNN Chile. El proceso se realizó en ausencia de Correa, quien reside en Bélgica desde 2017 y ha calificado el juicio de «persecución política».

Ratificación en segunda instancia e inhabilitación política

El 20 de julio de 2020, luego de un par de semanas de deliberaciones, la Corte Nacional de Justicia confirmó la pena de ocho años impuesta a Correa y desestimó las apelaciones presentadas por gran parte de los implicados en el mismo expediente, de acuerdo con France24. El fallo inicial ya contemplaba una prohibición de veinticinco años para ocupar puestos públicos, tal como indicó El Heraldo, lo cual imposibilita de manera efectiva que aspire a cualquier puesto de votación popular en Ecuador. Varios senadores de Estados Unidos, tales como Bill Cassidy y Jim Risch, solicitaron en 2023 al gobierno de Biden que exigiera cuentas a Correa debido a dichos actos de corrupción, según consta en un documento oficial citado por Cassidy.senate.gov.

El Caso Balda y la convocatoria a juicio por plagio

Durante agosto de 2012, el disidente Fernando Balda, quien se encontraba refugiado en Bogotá, sufrió un cautiverio temporal marcado por agresiones físicas, amenazas de muerte y su posterior abandono en plena calle, de acuerdo con Perfil. Las pesquisas revelaron que los captores contaron con la colaboración de miembros de la Senain (el extinto organismo de inteligencia del mandatario), cuyas actividades presuntamente contaron con el aval y los recursos del Palacio de Gobierno. Ya en noviembre de 2018, la magistrada Daniella Camacho, perteneciente a la Corte Nacional de Justicia, dictó auto de llamado a juicio contra Correa y otros tres exfuncionarios debido a este delito, luego de analizar 44 elementos de convicción y determinar que la privación de libertad obedeció a «una cadena de mando jerarquizada» liderada por Correa, tal como consignan Plan V y El Tiempo. Adicionalmente, la citada jueza había ordenado la prisión preventiva del exmandatario en el marco de este proceso judicial, según reportó El Universo.

Correa niega los cargos y los califica de persecución política. Según El Universo, a marzo de 2025 el juicio contra él por este caso seguía en suspenso desde 2018, sin que se hubiera resuelto su responsabilidad.

Condena a su jefe de inteligencia en el caso Balda

Dentro del mismo caso Balda, el 13 de agosto de 2020 un tribunal de la Corte Nacional de Justicia sentenció de forma unánime a Pablo Romero —titular de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) en el gobierno correísta— a 9 años de cárcel en calidad de autor mediato del secuestro, recogió El Universo. Para Balda, esa decisión es «el eslabón» que une a los autores materiales del secuestro con Correa a través de la cadena de mando. En 2019, dos exagentes de la Senain, Raúl Chicaiza y Jéssica Falcón, ya habían recibido condenas en Ecuador por el mismo hecho, con penas rebajadas al acogerse a la colaboración eficaz.

Esta sentencia contra Romero constituye un hallazgo confirmado y firme por derecho propio, la cual difiere del caso de Correa: a diferencia de Romero, quien resultó formalmente condenado debido a su participación en el plagio, la causa judicial que enfrenta el propio Correa por este idéntico suceso continúa pendiente de fallo, conforme a lo indicado por las fuentes consultadas.

Caso El Universo: la querella contra el diario y el fallo de la Corte IDH

El 6 de febrero de 2011, el articulista Emilio Palacio redactó en El Universo la columna titulada «No a las mentiras», donde cuestionaba la gestión de Correa durante el levantamiento policial acontecido el 30 de septiembre de 2010. Posteriormente, el 22 de marzo de 2011, Correa interpuso una querella por injurias dirigida tanto a Palacio como a tres directivos del medio de comunicación; como resultado, el 20 de julio de 2011, un magistrado les impuso una pena de 3 años de cárcel junto con una indemnización de 30 millones de dólares destinada a Correa, sumando otros 10 millones que debía asumir el periódico. Más adelante, el 27 de febrero de 2012, una vez agotados todos los recursos de apelación, Correa comunicó su «perdón» y la causa se archivó, tal como lo señala GK.

En diciembre de 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional de Ecuador por violar la libertad de expresión y las garantías judiciales de los condenados, según Primicias, y ordenó dejar sin efecto la condena e indemnizar a las víctimas, de acuerdo con CNN. En noviembre de 2022 el Comité de Derechos Humanos de la ONU también declaró que Ecuador vulneró los derechos de los directivos del diario por las sanciones que la Superintendencia de Comunicación les impuso durante su gobierno, según El Universo.

Anexo: investigaciones y denuncias sin acusación formal

Las siguientes investigaciones y denuncias no han derivado en acusación formal ni en sentencia contra Correa. Se recogen como recorrido judicial, no como hechos probados.

Caso Caja Chica: presunto financiamiento desde Venezuela

En octubre de 2025, tras una denuncia anónima, la Fiscalía dio inicio a una indagación previa con carácter reservado por un supuesto delito de lavado de activos, barajando la teoría de que ingresaron fondos en efectivo desde Venezuela con el fin de sostener la campaña presidencial de 2023 de Revolución Ciudadana. El 28 de enero de 2026 se llevaron a cabo registros en Pichincha y Guayas; Correa figura a la cabeza de un grupo de ocho investigados, acompañado por Luisa González y Andrés Arauz, entre otros, de acuerdo con Primicias. Por su parte, González negó haber recibido dinero proveniente de Venezuela.

En marzo de 2026, el Tribunal Contencioso Electoral determinó la suspensión durante nueve meses de Revolución Ciudadana debido a dicha indagación, lo cual obstaculiza la participación de la organización política bajo esa denominación en los comicios seccionales del 29 de noviembre de 2026, tal como informan Primicias y Vistazo. Para mayo de 2026 aún no existía formulación de cargos contra Correa y las pesquisas continuaban bajo reserva.

Menciones en el caso por el asesinato de Fernando Villavicencio

Durante la vista judicial llevada a cabo el 3 de septiembre de 2025 frente a los presuntos autores intelectuales del homicidio del aspirante presidencial Fernando Villavicencio (ocurrido el 9 de agosto de 2023), el ente acusador reprodujo un audio del FBI en el cual uno de los sicarios, quien posteriormente perdió la vida en la cárcel, dice que el trabajo era «para el de arriba» y lo identifica con Correa, tal como lo dio a conocer Expreso. Por su parte, el magistrado exhortó al Ministerio Público a evitar especulaciones y exigió que no se transforme el juicio en un «teatro político», según reportó Infobae.

Correa no se encuentra procesado en esta causa y ha negado tener cualquier lazo con el delito. El grupo de procesados lo integran el exministro José Serrano, Xavier Jordán, Ronny Aleaga, Daniel Salcedo además de tres líderes de Los Lobos; hacia junio de 2026 el magistrado declaró la validez procesal y el expediente avanza rumbo al llamamiento a juicio, tal como informó Primicias.

Denuncia por presunto espionaje con cámaras de Segura EP (2026)

El 22 de junio de 2026, Nataly Morillo, ministra de Gobierno, presentó una denuncia ante la Fiscalía señalando que Correa estaría al frente de una red de espionaje político orientada a aprovechar los dispositivos de vigilancia de Segura EP —la corporación municipal de seguridad de Guayaquil—, lo cual configuraría posibles infracciones de peculado, uso indebido de información pública e intimidación, conforme a lo reportado por Vistazo. Dicha denuncia se fundamenta en grabaciones filtradas correspondientes a un presunto diálogo entre Correa y Rodney Rengel, quien fuera agente de policía.

Tras rechazar los señalamientos, Correa criticó al Gobierno, de acuerdo con Expreso. Actualmente, la denuncia se encuentra en etapa indagatoria y todavía no se han presentado cargos formales.

Fuentes consultadas