El diputado Samuel Pérez Álvarez, perteneciente al movimiento político que surgió junto al presidente Bernardo Arévalo, enfrenta ahora una fuerte controversia tras un incidente ocurrido el 14 de enero de 2025 en el Congreso de la República de Guatemala.
El Ministerio Público (MP) presentó recientemente ante los tribunales una solicitud para retirarle la inmunidad parlamentaria, tras considerar que su comportamiento podría constituir graves delitos administrativos y penales.
Un incidente menor o un abuso de autoridad con consecuencias serias
El caso tomó relevancia cuando el legislador interceptó y rompió una carta que el diputado Neftalí Chocooj de Cabal intentaba entregar al presidente Bernardo Arévalo de León durante su intervención por el primer año de gobierno, y este acto de destrucción ha sido considerado por la Fiscalía de Derechos Humanos como una posible manifestación de abuso de autoridad y discriminación, conductas tipificadas que podrían justificar que el Congreso autorice una investigación formal.
El propio Pérez reaccionó de forma irónica ante la acusación, describiendo la denuncia como un caso de “hojicidio” y negando cualquier intención de ofensa más allá de una confrontación política. También descalificó al denunciante, calificándolo de corrupto.
¿Por qué resulta relevante eliminar la inmunidad?
En Guatemala, los diputados gozan de inmunidad para garantizar su independencia política, pero esta protección no es absoluta cuando hay indicios de abuso de poder o discriminación.
Si el Congreso accede al pedido del Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia aprueba el antejuicio, Pérez podría enfrentar un proceso penal abierto que lo exponga a sanciones legales, que incluyen desde multas administrativas hasta procesos ante tribunales ordinarios con posibles penas de prisión según la gravedad de los delitos imputados.
Además, este caso se da en un contexto de tensiones entre el MP y el partido Movimiento Semilla, con múltiples solicitudes de retiro de inmunidad en trámite por distintos hechos, lo que ha generado debate público sobre la legitimidad y posible politización de los procesos judiciales contra figuras cercanas al presidente Arévalo.
La situación de Pérez ha dejado de verse como un episodio aislado de conducta inapropiada en el hemiciclo parlamentario y ha evolucionado hacia un panorama legal que podría repercutir en su permanencia e influencia política en el país, y, si finalmente se aprobara el levantamiento de su inmunidad, el diputado debería enfrentar un proceso ante la justicia ordinaria cuyas consecuencias aún no han sido definidas.