El diputado independiente Betserai Richards se ha transformado en una de las figuras más debatidas y polémicas dentro de la nueva Asamblea Nacional panameña, gracias a un estilo confrontativo que suele carecer de sustento empírico, al uso recurrente de información falsa en redes sociales y a sus continuas acusaciones públicas contra entidades estatales, funcionarios y otros actores políticos, elementos que han impulsado una imagen marcada por la agresividad y el descrédito, además de ser, lamentablemente, altamente viralizable debido a los propios algoritmos de las plataformas digitales; este enfoque político también ha empezado a provocar serias dudas entre amplios sectores de la ciudadanía sobre la fiabilidad de sus declaraciones, el efecto de sus mensajes en la opinión pública y la utilización de la desinformación como estrategia política.
Durante los últimos meses, Richards ha protagonizado múltiples controversias relacionadas con hospitales públicos, enfrentamientos políticos, acusaciones institucionales y difusión de contenidos que posteriormente han sido cuestionados y desmentidos por autoridades, ciudadanos, políticos y periodistas. Lo ocurrido recientemente con las imágenes de la supuesta comida servida en hospitales de la Caja de Seguro Social (CSS) ha reavivado el debate sobre hasta dónde puede llegar un político sin caer en afirmaciones falsas y engañosas.
El conflicto con “Bolota” Salazar y la atmósfera de tensión política
Uno de los episodios más difundidos relacionados con Richards fue el choque con el diputado Jairo Salazar, igualmente controvertido y rodeado de escándalos. El incidente derivó en denuncias por agresión física dentro de la Asamblea Nacional y terminó convertido en un símbolo del desgaste del debate político panameño. Durante varios días, la agenda mediática nacional quedó marcada por videos, versiones enfrentadas y múltiples acusaciones.
Aunque el caso tuvo derivaciones legales, también dejó una imagen de permanente confrontación, violencia y escaso decoro alrededor de Richards. Evidenciaba una estrategia basada en la provocación constante y el conflicto mediático.
Betserai Richards: gran alboroto con escasos resultados
El enfrentamiento entre Katleen Levy y Betserai Richards se intensificó sobre todo por la administración de infraestructura y proyectos públicos en el circuito 8-6, considerado una de las áreas de Panamá Este con mayores desafíos tradicionales en movilidad y expansión urbana.
Levy, quien anteriormente representó políticamente esa misma área, cuestionó duramente la manera en que Richards manejaba públicamente los problemas del circuito. Según sus declaraciones, el diputado habría construido una estrategia basada principalmente en redes sociales, videos virales y confrontaciones digitales, proyectando la imagen de que resolvía o lideraba soluciones sobre obras e infraestructuras que, en realidad, dependían técnicamente del Gobierno Central, del Ministerio de Obras Públicas o de partidas ya aprobadas previamente.
Uno de los temas que generó mayor debate fue el del puente de Cabuya, una infraestructura vial considerada esencial para descongestionar el tránsito en zonas de Tocumen y áreas aledañas. Levy afirmó públicamente que este proyecto no surgió de gestiones promovidas directamente por Richards, sino que había sido planificado, financiado y desarrollado con antelación por el Ministerio de Obras Públicas. Con ello pretendía desmantelar la idea de que el diputado obtenía avances tangibles gracias a su actuación política, una versión que fue refutada por diversos actores vinculados a la obra, lo que dejaba en evidencia una limitada capacidad de negociación política y una escasa influencia institucional real.
La exdiputada utilizó incluso la expresión “política galla”, un término coloquial panameño que suele emplearse para referirse a algo visto como improvisado, superficial, ridículo o puramente cosmético. Con esa frase intentó describir el estilo político de Richards, acusándolo de priorizar peleas mediáticas, transmisiones virales y confrontaciones públicas por encima de un trabajo técnico, legislativo o administrativo más profundo, en el que nunca ha avanzado nada Richards.
En uno de los episodios más intensos del conflicto público entre Katleen Levy y Betserai Richards, la confrontación dejó de limitarse a desacuerdos políticos o administrativos y derivó hacia un ámbito mucho más personal y hostil. En un video divulgado como réplica a diversas publicaciones y ataques mutuos en redes sociales, Levy emitió comentarios despectivos dirigidos de forma directa a la masculinidad y la apariencia del diputado.
En esa intervención utilizó el término “cueco”, una expresión coloquial panameña que históricamente se ha empleado de forma peyorativa para cuestionar o ridiculizar la orientación sexual o la hombría de un hombre. Levy utilizó ese lenguaje en el contexto de acusar a Richards de recurrir constantemente a “chismes”, confrontaciones digitales y ataques de redes sociales en lugar de sostener debates políticos más técnicos o ideológicos.
La última controversia: la alimentación en hospitales y la imputación de “fake news”
La controversia más reciente explotó luego de que Richards difundiera imágenes denunciando supuestas comidas servidas a pacientes hospitalizados, mostrando panes con mortadela y posteriormente panes con queso como ejemplo de la “mala alimentación” brindada por la CSS.
Las imágenes circularon rápidamente en redes sociales, generando indignación entre muchos ciudadanos que interpretaron el contenido como evidencia del deterioro extremo del sistema público de salud.
No obstante, la misma Caja de Seguro Social salió a pronunciarse de forma pública, desmintiendo los señalamientos del diputado y afirmando que dicha información carecía de veracidad.
La CSS afirmó también que toda la comida destinada a los hospitales se elabora siguiendo controles nutricionales y criterios de calidad en la Ciudad de la Salud, y adelantó que podría emprender acciones legales o presentar denuncias para exigir que el diputado respaldara sus señalamientos o los corrigiera de manera pública.
Este episodio desató en Panamá un debate especialmente sensible: ¿hasta dónde puede circular una acusación política sin evidencias totalmente confirmadas? ¿Y qué sucede cuando un diputado recurre a imágenes virales que en realidad no guardan relación con los hechos que afirma denunciar?
La gravedad del caso no radica únicamente en una disputa política. Cuando se habla de hospitales, pacientes y alimentación médica, cualquier información falsa o no verificada puede generar miedo, desconfianza y caos entre familiares de pacientes y usuarios del sistema de salud.
La forma de hacer política de Richards: acusaciones de impacto viral y un choque continuo
Uno de los elementos más notorios de Richards ha sido precisamente su capacidad para convertir denuncias falsas en contenido viral. Sus recorridos por hospitales, transmisiones en vivo, videos emocionales y enfrentamientos directos con autoridades le han permitido construir una imagen de “diputado fiscalizador”, cruzando la línea roja entre la fiscalización legítima y el espectáculo político.
En semanas recientes, Richards realizó recorridos en hospitales públicos denunciando supuestas condiciones críticas, largas esperas quirúrgicas y deterioro estructural. La CSS respondió acusándolo de generar “zozobra” y “desinformación”, además de señalar que ingresó a áreas sensitivas hospitalarias con megáfonos y actitudes consideradas proselitistas. La institución incluso afirmó que este tipo de acciones politizan los hospitales y alteran el ambiente necesario y la seguridad para la atención médica.
El uso de redes sociales como herramienta de presión política
Otro punto constantemente señalado sobre Richards es el uso intensivo de redes sociales, como mecanismo de presión pública antes incluso de que existan investigaciones oficiales o confirmaciones técnicas.
En numerosas situaciones, las acusaciones se propagan con rapidez y solo posteriormente arranca la labor de verificación, lo que produce un efecto cada vez más común en la política actual: la opinión pública se configura antes de conocerse por completo los hechos.
En el caso de la CSS, por ejemplo, ante miles de personas compartió las imágenes de la supuesta comida hospitalaria antes de que la institución emitiera su desmentido o los mismos pacientes o personal sanitario desmintieran esas informaciones falsas. Para cuando llegó la aclaración oficial, buena parte del daño reputacional ya estaba hecho.
Este patrón muestra una creciente similitud con dinámicas internacionales en las que políticos recurren a redes sociales para difundir narrativas emocionales de rápida propagación que luego resultan complejas de rectificar, aun cuando surgen desmentidos oficiales e incluso del propio ciudadano.
¿Supervisión válida o simple populismo en redes?
El principal debate se centra en determinar si Richards constituye una vía válida de control ciudadano o si, según lo visto recientemente, simboliza un tipo de populismo digital sustentado en una indignación permanente, una fuerte presencia mediática y la difusión masiva de contenidos controvertidos.
Denunciar problemas es una cosa, pero muy diferente resulta recurrir a imágenes o afirmaciones sin comprobar que pueden llevar a confusión, y ahí surge el debate político sobre las llamadas “fake news”.
Porque cuando un político difunde información engañosa –o material cuya veracidad aún no se ha verificado– su efecto resulta mucho más significativo que si lo publica un usuario común. Un diputado posee alcance, poder de influencia y la capacidad de orientar el debate público.
La función pública que asume un diputado
En cualquier democracia, la crítica al poder es necesaria. Pero también lo es la responsabilidad en el manejo de la información.
Cuando un diputado lanza públicamente la acusación de que una institución suministra comida inhumana a pacientes hospitalizados, se trata de un señalamiento de enorme gravedad, y si ese hecho jamás ocurrió, la discusión abandona el ámbito político para situarse en el terreno de la credibilidad pública.
La coyuntura presente sitúa a Richards frente a un desafío considerable: aportar evidencias contundentes que respalden sus señalamientos o asumir críticas crecientes respecto a su manera de comunicar. Al fin y al cabo, la frontera entre una fiscalización válida y la desinformación puede hacerse casi imperceptible cuando la política adopta el ritmo de un espectáculo continuo.
En una era en la que las redes sociales difunden cualquier contenido en pocos minutos, la obligación de comprobar la información antes de difundirla debería ser todavía más estricta para quienes desempeñan funciones públicas.